Diagnóstico: Falta de conexión con la realidad de (algunos) profesionales de salud mental

 

Hace un tiempo me viene rondando la idea de escribir este post, pero cada día que pasaba he ido sintiendo mayor necesidad de escribirlo.

A raíz de todos los artículos que se van publicando sobre la "necesidad de los ingresos involuntarios", claramente para generar una opinión de rechazo a la nueva y necesaria propuesta de ley del Ministerio de Derechos Sociales que pretende controlar las medidas coercitivas, estoy teniendo unas conversaciones en Linkedin que me dejan anonadada. 

Profesionales que niegan la realidad que viven diariamente las personas, que transmiten la sensación de que toda funciona perfectamente y que no hay necesidad de cambiar nada.

Respecto a los ingresos involuntarios, afirman, sin pudor, que todo tiene rigurosos controles y las garantías jurídicas necesarias, y que las vivencias de personas con sufrimiento psicosocial "no pueden ser" porque hay leyes que garantizan nuestros derechos.

Las realidad es que hay ingresos involuntarios que se hacen a mujeres víctimas de violencia de género porque cuando cuando acude la policía al domicilio, al decir el agresor que ellas tienen un diagnóstico se las llevan a ellas al hospital.

Hay ingresos involuntarios provocados por familiares que quieren ingresar a personas con diagnóstico por temas del control de herencias, o  incluso por riñas vecinales sin riesgo para la vida de nadie.

 Esos ingresos involuntarios, parece que sólo existen en nuestras cabezas, total, el delirio es un argumento que sirve para todo.

Cuando hablas de contenciones, o de abusos de poder, te dicen que los profesionales sádicos que atan a las personas por gusto sólo están en tu cabeza y que pobres profesionales que lo hacen lo mejor que saben.

El argumento más socorrido frente a las vulneraciones de Derechos Fundamentales es que eso no ocurre, que eso no puede pasar y ahí se queda el asunto.

El resumen es que los activistas en DDHH en salud mental somos malos con los profesionales y pensamos mal de trabajadores que dedican su vida a "cuidar" a personas con diagnóstico psiquiátrico.

Si la realidad fuera tal y cómo todos estos trabajadores de la salud mental dicen, no entiendo por qué en el informe del relator de la ONU (Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad) del 13 de Mayo de 2019 se dice esto a España.

 "AL COMITÉ LE PREOCUPA LO SIGUIENTE:

 
Los casos notificados de fallecimiento de personas con discapacidad psicosocial como consecuencia del uso de medios de contención o tratamientos médicos inadecuados en hospitales psiquiátricos.

Que el Código Civil del Estado parte permita privar de capacidad jurídica a una persona por motivos de discapacidad y mantenga regímenes de sustitución en la adopción de decisiones.

 Que el  artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil siga permitiendo que las personas con discapacidad psicosocial o intelectual sean objeto de internamiento no voluntario en instituciones en las que pueden resultar privadas de su libertad y ser sometidas a tratamiento médico forzado y medidas de contención mecánica.

 Que se imponga a las personas con discapacidad psicosocial la obligación de medicarse como requisito para poder acceder a los servicios de apoyo psicosocial y de
vivienda; 

El escaso conocimiento por los profesionales de la salud de las obligaciones que dimanan de la Convención lleve a que el internamiento forzado y la contención por medios mecánicos se justifiquen erróneamente como medidas terapéuticas.

 EL COMITÉ RECOMIENDA AL ESTADO PARTE:

Elimine el uso de medidas de contención relacionadas con la discapacidad en todos los entornos.

Se asegure de que se obtiene el consentimiento libre e informado del interesado en todos los procedimientos y todas las etapas del sistema de salud mental.

Tome medidas inmediatas para que dejen de infligirse tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas con discapacidad".

Cómo podéis leer, no es una invención nuestra, es una realidad indiscutible, recogida por un Organismo Internacional de Derechos Humanos. 

En realidad, el problema es que todos estos profesionales  que siguen defendiendo lo indefendible, tienen una profunda desconexión con la realidad, qué curioso porque suele ser un criterio diagnóstico que nos achacan a nosotras.

Y esa desconexión con la realidad, o ese mirar para otro lado, incluso ese ser muy condescendientes sobre sus propias prácticas, es la causa de que las cosas no avancen, y que cuando se quiere progresar desde decisiones políticas no se dejen de poner palos en la rueda a iniciativas claves para nuestra democracia.

No se trata de ser benévolos con los profesionales, se trata de exigirles, como mínimo, respetar los Derechos Fundamentales de las personas, y cumplir con La Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad. No queremos tratamientos sin respeto a los Derechos Humanos, y debemos exigir desde la legitimidad que esto se cumpla.

La ideología de los Servicios (no puedo llamar cultura de servicios a vulneraciones sistemáticas de Derechos Humanos) marca las prácticas en salud mental, mucho más que el número de profesionales que hay en las unidades. 

Si yo considero a los pacientes, sujetos de derechos, personas que están sufriendo y que mi trabajo es sostenerlas, acompañarlas y apoyarlas, no voy a contemplar decisiones que atenten contra su dignidad y que perjudiquen su recuperación, porque la coerción siempre perjudica a las personas.

Mi trabajo es señalar las prácticas coercitivas, y también formar a los profesionales en modelos respetuosos y de DDHH, acompañarles en ese tránsito sí, ser condescendiente no.

Yo no pienso que todos los profesionales que vulneran derechos sean sádicos, pienso que han normalizado la violencia, que no tienen formación en prácticas no coercitivas, que les falta reflexión sobre las consecuencias que esas prácticas tienen en la vida de las personas, que necesitan espacios de pensamiento crítico sobre lo que hacen, más allá de lo aprendido en la Universidad o de su adjunto y que les falta incorporar el conocimiento situado.

De hecho, cada día me encuentro más profesionales que tienen una visión crítica sobre su trabajo, que quieren virar su práctica hacia un modelo respetuoso de atención,  y a todos estos trabajadores les acompaño con la ilusión y el coraje de que la lucha por el cuidado libre de violencias es posible y es legítimo.

Así que, a todos aquellos que niegan la realidad, que están desconectados de lo que ocurre a su alrededor con la vida de la gente, les pido que tomen conciencia de ello y empiecen a trabajar asumiendo sus contextos, sus entornos y los daños que se está haciendo a muchas personas con sufrimiento psicosocial. 

Trabajemos juntos para tener un verdadero Sistema de Cuidados, libre de violencias, porque la violencia no es cuidado, y porque las personas con sufrimiento psicosocial somos ciudadanos con los mismos derechos y deberes que el resto de ciudadanos.