El Gobierno no va a prohibir los ingresos involuntarios, va a limitar el poder de la Psiquiatría

              

 

Desde que salió el proyecto de Ley de Derechos Sociales que aborda el tema de los derechos fundamentales de las personas con sufrimiento psicosocial, se han ido sucediendo, en múltiples medios, diferentes artículos que están generando mucho ruido y pretenden crear opinión en contra de este avance fundamental en el marco de la salud mental.

Lo que se está haciendo desde el Ministerio de Derechos Sociales, con el apoyo del Comisionado de Salud Mental es simple y llanamente adecuar nuestra legislación actual al marco de un Tratado Internacional de Derechos Humanos: La Convención de Derechos Humanos de personas con discapacidad, ratificada por España en el año 2008.

Creo que es algo coherente y que cualquiera que tenga dos dedos de frente puede entender, que España no puede seguir incumpliendo con estos tratados.  Pensar que se pueden seguir vulnerando Derechos Fundamentales porque las personas tengan un diagnóstico psiquiátrico, creo que es un pensamiento que no se puede adecuar a un Estado democrático.

Pero vamos a comenzar por la falacia que cometen todos los medios que están desinformando de esta cuestión, literalmente dicen en sus titulares: "El Gobierno prohibirá los ingresos forzados de las personas con trastornos mentales graves".

Lo colocan cómo titular porque claramente  hay una intención de generar alarma social y desde ahí los gurús de un sector de la Psiquiatría (curiosamente suele ser de la Psiquiatría que tiene conflictos de interés con la industria farmacéutica) crean opinión induciendo a la población a pensar en el peligro que supondría esto.

Lo que no colocan en los titulares es un detalle bastante importante que está también en este proyecto de   ley: "Excepto en urgencias vitales que pongan en peligro la vida del paciente o de terceros". 

Es decir, que sus titulares son falsos porque el Gobierno no va a prohibir los ingresos involuntarios, lo que va a hacer es limitarlos y que en lugar de que sean la norma, sean la excepción. 

Entonces, cómo vemos claramente, nos están engañando, pero hay que tener en cuenta que no es un engaño baladí. Lo que quiere evitar cierto sector de la Psiquiatría (hegemónica) es la pérdida de poder, estos artículos no se están haciendo desde el cuidado de las personas, se están haciendo desde la preocupación de su pérdida de poder.

Que un ingreso involuntario, o poner correas a una persona sean la excepción implica que tendrá que haber una inspección rigurosa de estas prácticas, que los profesionales que utilicen estas medidas tendrán que dar cuenta posteriormente de sus decisiones y esto es lo que aquí está en juego, no nos engañemos ni nos dejemos atrapar en sus telas de araña llenas de buenísimo.

En España no se va a acabar con los ingresos involuntarios se va a limitar el poder de la Psiquiatría, y esto es lo que no dicen los medios de comunicación.

Los ingresos involuntarios a personas con diagnóstico psiquiátrico se hacen desde un elemento jurídico que es discriminatorio, el artículo 763 de la Ley de enjuiciamiento civil:  "El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí".

 Es discriminatorio porque solamente afecta a personas con sufrimiento psicosocial y porque es el único ámbito en el que se antepone la idea de la salud a la idea de libertad: un Derecho Fundamental de todos los ciudadanos, recogido en nuestra Constitución. Puesto que un ingreso involuntario es una privación de libertad.

En realidad no se antepone la "salud" , se impone una idea (subjetiva) de un profesional sobre el concepto de salud, que se impone a una persona que tiene sufrimiento psicosocial.

Esa idea de salud implica algo tan subjetivo cómo que lo mejor para una persona sea un ingreso psiquiátrico, algo que tiene muchas aristas y que es muy cuestionable. Los espacios hospitalarios no suelen ser espacios amables, son espacios donde se cometen muchas vulneraciones de Derechos Humanos y donde lo que básicamente se hace con las personas es darles mucha medicación, pero ofrecerles muy pocos cuidados, y muy pocos espacios de acompañamiento y de palabras.

En todos estos artículos no veo cuestionamiento sobre estos espacios, no veo reflexiones sobre por qué las personas no quieren ingresar, no veo planteamientos sobre qué habría que cambiar para que tantas personas huyeran de un ingreso cómo de la pólvora. Este debería ser el punto de partida.

Pero vamos a seguir con lo que supone un ingreso involuntario para la mayoría de las personas, y así los ciudadanos podrán tener sus propias conclusiones.

¿Qué tiene de recuperador que cuando estás sufriendo vaya la policía a tu casa, te arranque de tu domicilio (a veces con mucha violencia), te aten en una ambulancia, te mediquen contra tu voluntad, te aten a una cama cuando llegas al hospital, encerrándote en un lugar con muchas personas sufriendo igual que tú y con muy poca escucha a las causas de tu malestar?

Cómo podemos ver, esto que es tan violento debe tender a eliminarse, pero si, de momento, no se elimina, se debe ejercer un control muy minucioso y muy garantista de los derechos de las personas, y esto es precisamente a lo que apunta esta ley.

Existen muchas alternativas a los ingresos involuntarios, acompañamientos, casas de crisis, ingresos domiciliarios, y hay mucho margen para seguir inventando espacios que acompañen y no violenten a las personas. 

Por otro lado, los documentos de decisiones anticipadas son un gran instrumento para que las personas puedan decidir qué es lo que quieren en caso de estar en crisis muy profundas. Tampoco veo en estos artículos pedir que los DDA sean de obligado cumplimiento en el marco de la salud mental.  

Por lo tanto, es importante cambiar el foco, dejar de generar pensamiento que no se ajuste a la realidad y comenzar a tener una visión crítica de lo que se está haciendo hasta ahora siempre teniendo un enfoque garantista de Derechos Humanos. 

Algunos argumentos peregrinos que estoy leyendo en algunos medios de comunicación hablan de que las personas deben tener derecho al acceso a los tratamientos. Aquí se disfraza de derecho una obligación, cuando dicen derecho a un tratamiento, léase obligación de un tratamiento.

Ya decía Judi Chamberlin hace muchos años que "ayudar" a alguien en contra de su voluntad, no es ayudar, esto es muy claro.

Por otro lado las personas tenemos, según la Ley de Autonomía del paciente, derecho a decidir nuestro tratamiento, con información veraz y comprensible, no debemos someternos a un tratamiento que no queramos, sin consentimiento informado y sin poder tomar decisiones sobre nuestra salud.

Con lo cuál si existe un ingreso involuntario como excepción deberá estar al servicio de salvaguardar la vida de las personas, resolver un riesgo puntual,  y no al servicio de imponer determinados tratamientos.

Creo que la Psiquiatría ha acumulado tanto poder que no se da cuenta que no se puede imponer un modo de recuperación a nadie, puesto que confunden una medida judicial extraordinaria en un riesgo vital, con una forma de imponer cuidados y tratamientos a otros. 

Las limitaciones en los tratamientos en salud mental son muy conocidas, tanto en su eficacia cómo en la mejoría de las personas, y este debate no estaría sucediendo sin un concepto que es clave para el poder de la Psiquiatría, el cuerdismo cómo diría mi querido amigo Tomás y la (falsa) peligrosidad de las personas con sufrimiento psicosocial.

Todos estos debates, incluso las normas legislativas, se suceden por la proyección de conocimiento falso a la sociedad, donde la Psiquiatría se articula cómo necesaria para llevar a cabo el mandato de control social.

La Psiquiatría Hegemónica no podría seguir manteniendo su poder sin el estigma, lo necesita como el aire para respirar, la falsa asociación de violencia y sufrimiento psicosocial es lo que está alimentando que la sociedad valide estas medidas involuntarias para personas que sufren siendo señaladas y estigmatizadas.

Da igual las veces que repitamos que está asociación es falsa amparándonos en estadísticas, da igual que la Comisionada de  Salud mental salga a desmentir esta asociación desde el conocimiento científico, la Sociedad necesita su chivo expiatorio para colocar lo que no funciona y lo hace en las personas más vulneradas. El modelo de la Psiquiatría Hegemónica necesita esta asociación para seguir ejerciendo su poder. Y a la industria farmacéutica le viene muy bien para seguir engordando sus cuentas de beneficios, con todas esas medicaciones involuntarias, con todos esos inyectables que producen facturas millonarias.

La recuperación es posible, pero con respeto a los derechos y a la dignidad de las personas, la recuperación es posible desde la emancipación, desde la toma de decisiones propias puesto que afectan a nuestras vidas, y desde los apoyos necesarios para aquellas personas que así lo demandan.

Los cuidados deben de estar en el centro, debemos de construir espacios amables, formar a los profesionales desde un enfoque de DDHH, utilizando los fármacos al servicio de aliviar el síntoma y no del control social. Garantizar cuidados sin coerción, dar validez legal a los documentos de Decisiones anticipadas, romper el estigma con educación ciudadana, ofrecer integración plena porque todos somos ciudadanos de derechos y tenemos que ser aceptados en  nuestra singularidad.

Así que por favor, dejemos de generar falsas polémicas, empecemos a pensar entre todos cómo cambiar el estado de las cosas, no cuestionemos una ley que se basa en La Convención de Derechos Humanos de personas con discapacidad y que es clave para empezar a virar el rumbo, porque esto es un acto de Justicia democrática.

Mi apoyo total a esta ley cómo un principio, estar en contra de garantizar derechos fundamentales es sencillamente una posición que no es legítima en un Estado de Derecho.